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El gobierno de Milei desfinancia la universidad pública de manera sistemática: congela presupuestos, incumple la ley y ofrece aumentos de miseria mientras la deuda salarial crece mes a mes.

La Ley de Financiamiento Universitario establece que los salarios docentes deben actualizarse conforme a la inflación. El artículo 5 de esa ley no es opcional: tiene fuerza legal y una cautelar judicial que obliga al Ejecutivo a cumplirla. Aun así, el gobierno la ignora. En la última paritaria volvió a ofrecer el mismo 3%, muy lejos del 33,4% de retraso salarial acumulado y de los cuatro salarios que adeuda a docentes y nodocentes de todo el país.

Esa deuda no es un número abstracto: es el salario que los docentes universitarios no cobraron mientras seguían dando clases, investigando y sosteniendo hospitales universitarios. Es el presupuesto que no llegó a laboratorios, bibliotecas y comedores.

Una comunidad que no se rinde

Frente al ajuste, la comunidad universitaria responde con organización. Docentes, nodocentes y estudiantes de todo el país sostienen un largo plan de lucha: paros, asambleas, actos y marchas federales que muestran que la universidad pública tiene quién la defienda.

La universidad pública con salarios dignos, becas estudiantiles, investigación y extensión no es un privilegio: es soberanía.

¡Milei, cumplí con la ley!