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NO a la tramposamente llamada “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”.

Este proyecto de ley a tratarse el próximo 6 de Agosto, es una ley ómnibus que afecta a un conjunto de sectores de nuestra sociedad, poniendo en riesgo la soberanía nacional, las capacidades estatales para diseñar políticas públicas y el derecho a la vivienda de millones de familias inquilinas.

NO ES INVIOLABILIDAD, ES ENTREGA DEL TERRITORIO

El Gobierno busca facilitar la concentración de la tierra, los desalojos y el avance de empresas extractivas, terratenientes y capitales extranjeros sobre nuestros bienes estratégicos. Forma parte del mismo plan de entrega junto a la Ley de Glaciares, el RIGI y Super RIGI.

¿A QUIÉNES BENEFICIA?

A quienes ya tienen tierra y poder y a las grandes corporaciones extranjeras como Palantir de Peter Thiel.

¿A QUIÉNES PERJUDICA?

A comunidades indígenas, familias campesinas, inquilinos, pequeños productores y al conjunto de la población.

MÁS EXTRANJERIZACIÓN

La ley vigente no prohíbe la inversión extranjera: ya existen 15,8 millones de hectáreas en manos extranjeras y 49 departamentos y partidos superan el límite del 15% de extranjerización. El proyecto elimina restricciones y facilita que una misma empresa, nacionalidad o millonario extranjero concentre todavía más territorio.

EL AGUA TAMBIÉN ESTÁ EN JUEGO

Con la desregulación quedarían sin protección específica:

• El 78% de los lagos
• El 65% de los ríos
• El 41% de las nacientes de agua

Además, incorpora el llamado “silencio administrativo”: si el Estado no responde dentro del plazo establecido, la compra puede considerarse autorizada.

DESALOJOS EXPRÉS

El proyecto facilita desalojos urbanos y rurales y habilita: Allanamientos, uso de la fuerza pública, apertura de cerraduras, procedimientos en días y horarios inhábiles y restitución inmediata de tierras y viviendas. Más poder para los propietarios. Menos derechos para quienes viven y producen en esos territorios.

QUEMAR PARA DESPUÉS COMPRAR

También modifica la Ley de Manejo del Fuego y elimina las prohibiciones que impedían cambiar el uso del suelo durante 30 o 60 años después de un incendio. Quemar un bosque, un humedal o un territorio productivo podría volver a ser un negocio inmobiliario o agropecuario.

LA TIERRA NO ES UNA MERCANCÍA MÁS

En esos territorios están el agua, los alimentos, el litio, el cobre, las tierras raras, los hidrocarburos y la biodiversidad. Pero ahí también viven comunidades y familias. Discutir quién compra la tierra es discutir quién controla nuestros recursos, quién se queda con la riqueza y quién decide sobre el futuro del país. Todo al servicio de despoblar el territorio y capturar dólares para pagarle al FMI